De momento, la SGAE permanece cerrada a cal y canto y han desalojado a algunos trabajadores durante el registro que está realizando la Benemérita en la sede de la entidad de gestión en Madrid y en el que están interviniendo ordenadores y facturas así como otra documentación relacionada con la causa. Tres vehículos de la Guardia Civil están situados en la confluencia de las calles Fernando VI y Pelayo y numerosos periodistas se han congregado a las puertas del emblemático edificio, el Palacio de Longoria.
La investigación gira en torno a la creación de una estructura societaria paralela a la que se desviaban fondos de la institución, la cual no tiene ánimo de lucro, han informado fuentes de la investigación. Asimismo, existe la posibilidad de nuevos registros en otras instalaciones de la SGAE, si bien no se ha especificado dónde.
La denuncia se basa en "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE" El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE".
Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".
Fuente: 20minutos.es
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